El olvidado inquilinato de la Cruz Roja

En diciembre de 1999, cerca de dos mil colombianos desplazados por la violencia se tomaron la sede de la Cruz Roja, en Bogotá. Más de dos años después, en agosto del 2002, cuando fue escrita esta crónica, aún perseveraban en la desesperación 47 familias que necesitan de la ayuda del Estado. Esta es su historia.

Es una desgracia doble ser pobre y desplazado en Colombia. En la sede de la Cruz Roja Internacional, en Bogotá, aún perseveran 47 familias, unos 300 colombianos arrojados por la violencia desde diversas regiones del país, en su afán de obtener protección del Estado y una oportunidad para rehacer sus vidas en la capital.

Llevan allí cerca de mil días, resultado de una guerra de desgaste psicológico y moral por parte de entidades del Estado, como la Red de Solidaridad Social. “De la red del gobierno anterior, no queríamos saber nada”, afirma con los ojos encendidos Luz Mery Moya, una catira cuarentona de Lejanías (Meta). Dicen otros desplazados, que en la Red no los atienden bien, que los tienen entre ojos, que los maltratan. Como el caso de Sofía Rivas, una negra de la costa Pacífica, que un día llevó a su pequeña hija María, enferma  y con fiebres, para que la atendiera un médico por cuenta de esa entidad; sin embargo, cuando le preguntaron que dónde vivía, ella contestó inocente que en la sede de la Cruz Roja. Entonces, como si fuera un ser abominable, un espanto que debía regresar a la oscuridad, la echaron del lugar.

El 12 de diciembre de 1999, cuando comenzó esta aventura social y humana, eran cerca de dos mil colombianos con el miedo intacto por la expulsión de sus tierras y con una mano adelante y otra detrás. Además, con la consabida fila de niños famélicos, cabellos enmarañados y piel cobriza. La mayoría había hecho una estación previa en las casuchas de Cazucá, en Ciudad Bolívar, ahí al frente de Soacha, donde comienza la Colombia más pobre.

Otros, como Lupe Ramírez, su esposo, sus dos hijos, su nuera y sus dos nietos, arribaron los primeros días de ese  mismo diciembre desde el Chocó indómito de ríos turbulentos, aguaceros desmadrados y selva eterna, a una calle adyacente a El Cartucho inefable. En la casa de un indígena ecuatoriano, un pequeño y oscuro hombre que se apiadó de ellos, uno de los muchos que venden sacos de lana en los andenes de la ciudad, pasaron dos noches que le agradecerán toda la vida. Después salieron para una casa-lote de un cuñado, en el barrio Santa Librada; de allí, a las pocas semanas, para la sede de la Cruz Roja. Allí siguen.

José Bustamante, un desplazado solitario que llegó arrojado desde el sur de Bolívar, vivía en un barrio de calles fangosas de Soacha, de la caridad de un señor enfermo de cáncer, desplazado de la década de los 50 desde los Llanos. Como todos los demás, a comienzos de diciembre de 1999, le llegó el rumor de que se preparaba una toma de descamisados, de miles de colombianos expulsados del paraíso, que habían llegado en los últimos años y meses a Bogotá, a mendigar en los semáforos, a pasar hambre en piezas oscuras, a ver morir a sus hijos pequeños de enfermedades sin atención.

El 12 de diciembre asestaron el golpe de la toma: el único recurso que a veces el establecimiento les deja a los pobres y a los desplazados, para que reclamen atención y respeto por sus derechos de segunda.

Desde entonces, ya han transcurrido más desplazamientos forzados: son más de dos millones de personas, según organismos internacionales; setenta mil colombianos han sido asesinados; se hizo añicos el proceso de paz; han muerto en vida unos diez mil secuestrados; los escándalos de la corrupción pública producen vergüenza nacional, y los desempleados se suicidan, matan, secuestran, ven frustrados sus sueños, se van del país y se resignan. Con estas tragedias, como plagas medievales, sobre un solo país, los desplazados de la toma a la Cruz Roja están en el olvido.

Mientras, unas horas después de la intromisión a los cinco pisos de la carrera 14 con 81, hasta entonces una refinada y moderna edificación donde funcionaba la Cruz Roja Internacional y unas pocas empresas particulares, 260 familias arrancadas del amasijo pluriétnico y multicultural verdadero, intentaban repartirse el espacio, y organizar las ayudas y la vigilancia. En los primeros días se hacinaron en los corredores. Las oficinas estaban cerradas. Cuatro suizos silenciosos y neutrales, en turnos de a dos cuidaban las instalaciones, sobre todo los miles y valiosos documentos que allí reposaban.

A la brava

Con el paso de los días, con el forcejeo con la policía que intentaba tomarse por asalto el lugar y desalojar a los desalojados, ellos, como una manera de aferrarse al lugar, entraron a la fuerza a las oficinas clausuradas. Vino el desmantelamiento y arrasaron con lo que había, y adecuaron a la brava escritorios, computadores, archivos y divisiones de oficina como camas, cunas, cocinas, comedores y lavaderos de emergencia.

Desde el primer día han contado con la solidaridad de vecinos de un sector de aire aristocrático, con la ayuda desinteresada de familias y ciudadanos anónimos, con la dádiva interesada de políticos, organizaciones, empresas y religiones. Sin embargo, hay días en que las madres, desde el amanecer, no pueden contener el llanto de los niños hambrientos, mientras sus maridos recorren ansiosos y aplastados las calles adyacentes, en busca de una oportunidad de trabajo o de unos pesos para una bolsa de leche.

Nunca les ha faltado el agua y la luz, aunque en los primeros días corrió el rumor de que las autoridades, dentro de su estrategia de sometimiento y desalojo, les iban a suspender los servicios. Cuando acamparon allí, había decenas de líneas telefónicas en servicio. Las utilizaron sin responsabilidad. Llegaron recibos de cobro por quince millones de pesos, contabilizando llamadas a todas las largas distancias posibles, y hasta, ¡insólito mundo!, a líneas calientes. Hoy no tienen ninguna en servicio. Lo que sí les mantienen, ante la ausencia del pan nuestro de cada día, es el pan mediático de la televisión por suscripción.

Se apretujaron. Tanto, que surgieron nuevos amores; otros viejos se marchitaron y se separaron; en la cúspide del silencio nocturno, se escuchan jadeos y suspiros de amores ajenos; han nacido allí ocho niños; se han peleado con insultos de los peores calibres, blandiendo palos y, en ocasiones, machetes para amenazar al vecino, al compañero de toma; el chisme como cuchillo corre cantarino como cascada en invierno; de las cuerdas atestadas de ropa  del patio central o de los corredores se pierden brasieres, camisas y demás prendas, lo que genera desconfianza y, en no pocas ocasiones, discusiones, acusaciones y peleas.

Para Luz Mery Moya ha sido como vivir en un inquilinato, sin las ventajas del inquilinato de verdad, como el poder reclamar ante la dueña del lugar la pérdida de unos cucos.

De policías y envidias

Durante estos casi tres años, han resistido tres intentos de desalojo, que parece han sido desmontados. Hoy, muchos de los policías que conforman el anillo de seguridad del edificio, tienen cordiales relaciones con la mayoría de los habitantes del edificio. Incluso, entran, en ocasiones, a preparar desayuno en una pequeña tienda de víveres montada dentro, hace pocos meses, por una señora desplazada.      

A causa de la pelea jurídica que han desarrollado, muchas familias han recibido auxilios, préstamos y subsidios del gobierno para comenzar una nueva vida. Con el soporte providencial de un colectivo de abogados, han esgrimido tutelas, acciones de cumplimiento, derechos de petición y demás armas legales, para exigir sus derechos. La lucha ha dado sus frutos positivos y favorecido a 216 familias. Aún perseveran en la desesperación cerca de 47 familias.

“Ahora vivimos bien. Antes había mucha gente. Estábamos acosados”, dice José Bustamante, quien sin embargo sigue durmiendo en una delgada colchoneta sobre un viejo escritorio.

No obstante, antes, cuando había más necesitados, eran más unidos, más solidarios entre ellos. Ahora, la rapacidad sobre los mercados que reciben en donación se ha vuelto costumbre. Los habitantes de los pisos de arriba acusan a los de los pisos de abajo, de no avisar cuando llega la ayuda y de quedarse con los mercados a costa de las necesidades de los demás. “Aquí hay mucho egoísmo, no comparten; hay también mucha envidia”, revela con pesadumbre Lupe Ramírez mientras mete la cara inclinada entre las manos.

Es sin duda la tensión acumulada por las necesidades, el miedo a perder lo mínimo, el tiempo transcurrido en vano y la desesperanza sin salida, lo que dispara los mecanismos de sálvese quien pueda, como en el resto del país.

Bogotá, agosto de 2002